(Por Joaquín Morales Solá - LA NACIÓN).- A Cristina Kirchner solo la puede perseguir el gobierno de los Estados Unidos. Ya ni siquiera es Mauricio Macri el arquitecto de sus tormentos judiciales. La megalomanía de la ex presidenta la llevó a reclamar que su caso judicial sea tratado directamente por la Corte Suprema de Justicia, que tiene la competencia sobre los casos que involucran a las embajadas extranjeras. Ni Hugo Chávez ni Nicolás Maduro llegaron tan lejos. Lo cierto es que mientras trata de entretener a los suyos con la persecución norteamericana y con la Corte Suprema, Cristina Kirchner mostró que es la jueza de hecho de los tribunales federales de Dolores. En esos juzgados se urde la principal operación política para apartar de la causa de los cuadernos a los fiscales Carlos Stornelli y Carlos Rívolo, y al propio juez Claudio Bonadio.

Ella habló en el Senado el miércoles pasado sobre detalles de esa causa que se encontraba entonces bajo secreto del sumario. Cristina no es parte en ese expediente y ni siquiera está nombrada. No tenía ningún derecho a conocer los detalles de la supuesta investigación del juzgado de Dolores, pero los expuso impúdicamente en el Senado. Solo un día después, el jueves, se conoció la citación a declaración indagatoria a Stornelli por parte del juez federal formal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, miembro de una familia de militancia kirchnerista y él mismo integrante de Justicia Legítima, la rama judicial que se creó bajo el liderazgo de la ex presidenta.

Tal vez por eso Cristina conocía el expediente como ningún otro argentino, salvo el juez, lo conocía. La causa se inició porque otro mitómano, el falso abogado Marcelo D’Alessio, le había pedido al empresario agropecuario Pedro Etchebest un soborno en nombre de Stornelli para sacarlo de la causa de los cuadernos. Etchebest nunca estuvo en la causa de los cuadernos ni nadie lo denunció en ese expediente. D’Alessio le contó a Etchebest que lo había mencionado ante Stornelli el ex ministro de Kirchner en Santa Cruz Juan Manuel Campillo, pero el abogado de este desmintió categóricamente esa afirmación. Los que conocen el expediente aseguran que el nombre de Etchebest no figura en la causa. Primera conclusión: ¿qué mente tan delirante podría pedir un soborno a alguien que no figura en ninguna investigación judicial? ¿Para qué lo haría, si Etchebest podía chequear fácilmente si estaba o no bajo investigación judicial?

Ya en 2007, tres días después de asumir su primer mandato como presidenta, Cristina Kirchner dijo un incendiario discurso por cadena nacional en el que acusó a la CIA de haberle plantado a Guido Antonini Wilson. El voluminoso venezolano acababa de declarar en Miami que los 800.000 dólares que le secuestraron en el aeroparque de Buenos Aires eran para la entonces reciente campaña electoral de Cristina. Antonini Wilson viajó de Caracas a Buenos Aires en un avión privado contratado por el gobierno argentino y que trasladó solo a funcionarios argentinos y venezolanos. Uno de los argentinos era Claudio Uberti, hombre de confianza de Néstor Kirchner que acaba de arrepentirse ante la Justicia. Contó, entre otras cosas, que vio el dormitorio de los Kirchner lleno de bolsos con dinero. La causa de Antonini Wilson se diluyó con el paso del tiempo. Nadie reclamó nunca los 800.000 dólares que le secuestraron. La CIA nunca más volvió a aparecer en los discursos de los Kirchner. El kirchnerismo sabe levantar cortinas de humo y sabe más desviar la atención cuando está acorralado.

La Corte Suprema debería actuar, según Cristina, porque D’Alessio se presenta como agente de la DEA, la agencia norteamericana encargada de la lucha contra el narcotráfico. La embajada norteamericana desmintió que ese falso abogado fuera empleado de cualquier dependencia del gobierno norteamericano. Pero es cierto que D’Alessio se presentaba como funcionario de “la embajada” (en supuesta referencia a la norteamericana), donde decía cobrar 38.000 dólares mensuales. La Corte Suprema no tiene jurisdicción en este asunto, aun en el improbable caso de que D’Alessio haya sido un agente inorgánico de la DEA. La Corte se ocupa solo de cuestiones judiciales que tienen como actor formal y oficial a las embajadas extranjeras o que involucran a personal perfectamente acreditado.

D’Alessio miente porque saca provecho de las mentiras. O miente porque miente. A un conocido conductor de televisión le ofreció un avión sanitario de la DEA para trasladar a su padre enfermo desde Córdoba hasta Buenos Aires. El conductor prefirió no contestarle. Se vio cinco veces con Stornelli, cuatro en el despacho del fiscal y solo una en otro lugar. Fue la reunión de Pinamar que sirvió para montar la operación que tiene en el juez Ramos Padilla a un obsesivo ejecutor. Es probable que Ramos Padilla procese a Stornelli después de la declaración indagatoria del próximo jueves. El fiscal será recusado en el acto por Cristina y toda la pandilla de ex funcionarios encarcelados. Es probable también que la recusación no prospere en los tribunales de Comodoro Py, porque en la causa de Dolores no hay nada vinculante con la causa de los cuadernos. Pero la apelación de Stornelli deberá pasar antes por la Cámara Federal de Mar del Plata, que tiene jurisdicción sobre Dolores. Los tribunales de Mar del Plata fueron colonizados por el cristinismo. La casualidad es improbable.

Stornelli conoció a D’Alessio en los primeros días de noviembre pasado. Se lo presentó un periodista. D’Alessio tenía información, decía, sobre la importación de gas licuado porque había sido funcionario de Enarsa. Fue la única denuncia que realmente hizo, pero fue sorteada y enviada a otro juzgado. Toda la relación posterior con el fiscal fue una prueba de su imparable locuacidad, de exhibición de riqueza y de falsas influencias.

En el segundo encuentro, D’Alessio le anticipó a Stornelli que le llevaría pruebas de que tanto el fiscal como el juez Bonadio estaban siendo “girados” por uno o varios abogados. “Girados” significa seguimiento en la jerga de los servicios de inteligencia. Nunca aportó los datos de esa denuncia. Pero aparece Bonadio en la verborragia de D’Alessio. Vuelve a aparecer luego cuando refiere a una supuesta reunión de Bonadio con Stornelli en el café del hotel Four Seasons, en la que asegura que fiscal y juez se juntaron para tramar la detención de varias personas. Bonadio y Stornelli nunca se vieron fuera de sus lugares de trabajo. No hay entre ellos una amistad personal, aunque sí una buena relación profesional. D’Alessio habló también de que en Pinamar estaba el otro fiscal de la causa, Rívolo, pero Rívolo fue por última vez a Pinamar cuando tenía 18 años. Lo recuerda porque entonces tuvo una novia de la que no se olvidó hasta ahora. ¿Es cierto, así las cosas, lo que contó en tribunales sobre sus acciones contra el narcotráfico en Oriente, en Mongolia, en Afganistán y en Paraguay? ¿Es cierto que cuando lo sorprendieron entre tantas mentiras estaba buscando un terrorista de Hezbollah en Paraguay?

La reunión de Pinamar con Stornelli se hizo porque D’Alessio lo llamó para decirle que tenía importante información sobre la “ruta del dinero”. Quería verlo en la casa que habitaba el fiscal. Este lo convocó, en cambio, en un parador público. Nunca aportó datos sobre la “ruta del dinero”, pero dijo que llevaba un chofer personal que solo apareció en el momento final de la reunión. Seguramente, fue el que sacó las fotos en el parador. El juez Ramos Padilla no imputó por extorsión a Stornelli (no tenía ningún argumento serio), pero usó las mismas supuestas pruebas para imputarlo por operaciones ilegales de inteligencia. Es raro: son D’Alessio, Etchebest y el propio Ramos Padilla los que hicieron inteligencia, usaron cámaras ocultas y escuchas telefónicas contra Stornelli. En esos días empezaba el demoledor testimonio de quien fue el contador de confianza de los Kirchner, Víctor Manzanares. La casualidad permanente es más improbable.

Una campaña de calumnias parecida sufrió el fiscal Alberto Nisman antes y después de que fue asesinado. En los tribunales se ha hecho esta analogía en los últimos días. Sea como fuere, lo cierto es que el caso podría poner en riesgo la seguridad personal de Stornelli, de Bonadio y de Rívolo. Stornelli le acercó al juez Julián Ercolini, que tiene la denuncia del fiscal contra D’Alessio, algunos nombres y fotos de ancestrales espías de la inteligencia local que estarían trabajando para desestabilizar al juez y a los fiscales.

Pero hay una mala noticia para Cristina: la causa de los cuadernos no corre ningún riesgo. No hay un solo acto ordenado por Bonadio que esté comprometido por el escándalo creado por Cristina y sus disciplinados seguidores en la Justicia. Tampoco hay detenidos ni indagados en esa causa que estén en el océano de rumores que crearon D’Alessio y Ramos Padilla. No hay nada. Sólo Cristina conduciendo un proceso judicial contra el juez y los fiscales que llevan la investigación sobre corrupción más grande de la historia. O, lo que es lo mismo, sobre ella.